Human Rights Watch señala retrocesos democráticos en México durante gobierno actual

La organización no gubernamental Human Rights Watch ha publicado un informe donde sitúa a México entre las naciones que presentan mayores retrocesos en sus indicadores democráticos. El análisis destaca una marcada contradicción entre el discurso presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum ante foros internacionales y la realidad que enfrentan las instituciones y organizaciones civiles dentro del territorio nacional en este 2026.

El documento enfatiza que, mientras la administración federal promueve una imagen de apertura y cumplimiento de tratados en el extranjero, a nivel interno se observan presiones crecientes sobre el Poder Judicial y los organismos autónomos. Especialistas de la ONG señalan que estas acciones limitan la capacidad de contrapeso constitucional y afectan directamente la independencia de los jueces en la SCJN, un pilar fundamental para el equilibrio de poderes en el país.

En cuanto a la seguridad pública, la organización subraya que las estrategias coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aún enfrentan desafíos estructurales significativos. El reporte indica que la militarización de tareas civiles, bajo el mando de la SEDENA y la SEMAR, ha generado inquietud en diversos sectores que observan una reducción en los espacios de fiscalización ciudadana sobre las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el equipo de comunicación de la presidencia ha reiterado que el gobierno mantiene un compromiso firme con la democracia y el respeto a los derechos humanos. A través de sus canales oficiales, han propuesto que las críticas internacionales son parte de un proceso de transformación profunda que busca democratizar las instituciones del Estado, argumentando que los cambios actuales responden a una demanda de justicia social expresada por la ciudadanía en años recientes.

La comunidad internacional permanece expectante ante las reformas legislativas que se discuten en el Congreso de la Unión. Mientras tanto, organismos de derechos humanos instan a las autoridades mexicanas a garantizar que la consolidación de sus políticas públicas no comprometa los estándares internacionales de libertad de expresión y asociación, elementos esenciales para el fortalecimiento de la democracia mexicana.